A partir de la recuperación de la democracia a mediados de la década de 1970 del siglo pasado, se han producido progresivamente avances en las leyes que promueven y defienden la igualdad de género en España.
Pero no fue hasta 2007, bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se elaboró y publicó la Ley de Igualdad de Género, que promueve la igualdad en áreas como el empleo, la representación política, la educación y la conciliación de la vida familiar y laboral. También se introducen medidas contra la discriminación por razón de género, se establecen cuotas de representación femenina en las listas
electorales y se fomenta la participación equilibrada de ambos géneros en todos los ámbitos de la sociedad.
Se introduce, por ejemplo, la Normativa Básica de Igualdad Salarial en España, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que garantiza, el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, así como en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas. En 2008, se creó el Ministerio de Igualdad, con el objetivo de promover políticas de igualdad entre mujeres y hombres en todas las áreas de la sociedad, desde la educación hasta el empleo y la participación política; luchar contra la violencia de género y promover la diversidad y no discriminación, así como el empoderamiento de las mujeres y su liderazgo en todos los ámbitos, también en el político, cultural y económico.
Pero antes que eso, y al principio de esta legislatura, se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley pionera en toda Europa y quizás en el mundo. Por desgracia aún hoy en día existen pocos países que traten en su ordenamiento jurídico esta lacra social. La ley introduce los Juzgados especializados en Violencia sobre la mujer y una Delegación
Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, creando un sistema integral basado en 3 pilares: la prevención, la protección y recuperación de la víctima y la persecución del delito.
Más adelante, el Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, elaboró el primer Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016) con más de 80 medidas que tenían como objetivo promover la igualdad de género en diferentes ámbitos, abordando cuestiones como la participación de las mujeres en el mercado laboral, la conciliación de la vida familiar y laboral y la lucha contra la violencia de género. Ello demuestra que las políticas de igualdad de género son políticas de Estado que van más allá de las discrepancias ideológicas e implican voluntad de diálogo y respeto a las diferencias entre grupos políticos en un clima de búsqueda de consensos y de acuerdos que beneficien a las mujeres y produzcan avances sociales. Esta dinámica está siendo amenazada y destruida por las actitudes de grupos que no admiten la violencia contra las mujeres y que están consiguiendo algunas cotas de poder en administraciones locales y de comunidades autónomas y que empiezan a realizar normas regresivas. En estos momentos, aún son fenómenos aislados que esperamos que no prosperen.
En términos generales, los desarrollos legislativos de los últimos 20 años en esta materia han sido significativos en España, y abarcan diversas áreas. Uno de los principales avances ha sido la aprobación de medidas en el ámbito de la violencia de género y la igualdad. En marzo de 2024, el Gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez, presentó nuevas iniciativas, que incluyen una actualización del sistema VioGén para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género, extendiendo la supervisión en casos complejos y asegurando que las víctimas continúen recibiendo protección efectiva.
España es un país siempre valorado como ejemplo por tener una legislación muy avanzada en materia de igualdad con respecto a sus países vecinos. Pero para que todas estas medidas sean efectivas es preciso dotarlas de medios presupuestarios porque, de lo contrario, la legislación no se puede aplicar de manera provechosa y real.
Por ello, desde la Gran Logia Femenina de España, pedimos a los poderes públicos que doten de medios económicos a las iniciativas, a los servicios y a los programas que establece la legislación sobre igualdad de género, sea cual sea su color político, para que las medidas tengan una aplicación lo más amplia posible.
También queremos llamar la atención de toda la sociedad y en particular de las familias y de los docentes para que, entre todas y todos nos esforcemos en fomentar aquellos valores que profundicen en una cultura de la paz, la no discriminación y el respeto a las mujeres, base educativa imprescindible para acabar con la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. ¿Acaso la discriminación no es una lacra social y cultural ancestral que sólo con legislación no puede desaparecer? El importante camino recorrido hasta ahora sobre todo en el ámbito legislativo en nuestro país se ve empañado aún por muchos comportamientos y actitudes discriminatorias hacia las mujeres.
Una sociedad igualitaria es una sociedad avanzada. ¿No es de justicia trabajar para conseguir progresar en la igualdad entre mujeres y hombres?